Publicado en El Nuevo Herald el 09 de enero del 2020. Leer en El Nuevo Herald.
Un antiguo adagio castellano proclama la inutilidad del crimen. Y como dar o aceptar sobornos es un crimen que no debe quedar impune, los 18 diputados que se le vendieron a la narcodictadura castrochavista, no tienen derecho a disfrutar el dinero que pertenece a la nación venezolana.
Los judas parlamentarios que entregaron su dignidad y su voto por cantidades que oscilan entre 500 mil y 1 millón 200 mil dólares, tienen nombres y deben quedar registrados para el desprecio de la posteridad:
Luis Parra, José Brito, Franklyn Duarte, Conrado Pérez, Freddy Paz, Adolfo Superlano, Leandro Domínguez, Guillermo Luces, José Antonio España, José Aparicio, José Gregorio Noriega, Kerrins Mavárez, Lucila Pacheco, Luis Loaiza, Manuel González, Richard Arteaga, William Gil y el secretario Negal Morales.
La Unión Europea, el Grupo de Lima, Japón, Australia, Suráfrica, los Estados Unidos de América y todas las democracias consolidadas del planeta, deben sancionar a ese elenco de corruptos y, sobre todo, impedir que se vayan a esos países a vivir y dilapidar los capitales mal habidos.
Y decimos esto porque saqueadores de Venezuela al servicio de la bandidocracia castrochavista, suelen retirarse a vivir en naciones democráticas con calidad de vida. A ninguno de ellos se le ocurre residenciarse en los países cómplices de la narcodictadura venezolana, verbigracia: Rusia, China, Irán, Cuba, Turquía, Bielorrusia, Siria, Palestina, Zimbabwe, a Ecuador cuando gobernaba el corrupto errante Rafael Correa, a Bolivia en tiempos del cocalero Evo Morales o a la Honduras de Mel Zelaya.
Así vemos que algunos de los más emblemáticos boliburgueses andan por Mónaco (Rafael Ramírez ), España (Alejandro Betancourt y Javier Alvarado), República Dominicana (Díaz Granados) o Estados Unidos (Alejandro Andrade –estuvieron y los fueron Wilmer Ruperti, Rafael Sarría, Raúl Gorrín y Hermán Escarrá…).
Deben separarlos a unos y otros de la gente decente.
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